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Plan de pesca de arrastre encalla por mal ambiente político

Costa Rica Marzo 14, 2016
Tomado de: La nación
Autor: Esteban Mata

PLN y FA cierran filas contra proyecto que permite arte prohibido por Sala IV

El proyecto del Gobierno para regular la pesca de arrastre de camarón encalló apenas en las primeras semanas de navegar por la corriente legislativa, ante el mar picado del Congreso.

Las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) anunciaron su rechazo a la iniciativa, lo que sumado a la presión de sectores ambientalistas, hizo que los diputados de la Comisión de Ambiente pidieran al Poder Ejecutivo el retiro del plan de la Asamblea Legislativa.

El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, dijo que la propuesta pretende crear la regulación necesaria para que la pesca de camarón no destruya los ecosistemas marinos, y aseguró que el retiro del Congreso es para permitir una negociación entre las bancadas.

Julio Rojas, jefe de la fracción del PLN y su homólogo, Gerardo Vargas Varela, del FA, aseguraron que sus agrupaciones no darán espacio para que se legalice este tipo de pesca, prohibida por la Sala Constitucional en el 2013, al señalar que la captura de camarón con redes de arrastre provoca severos daños a la vida marina.

Ambos congresistas dicen que persiste la preocupación a raíz de los daños ambientales que provoca este tipo de actividad, por lo que están recelosos del plan Ley de Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica.

Los legisladores se basan en las razones por las cuales la Sala Constitucional prohibió la emisión de nuevas licencias para este tipo de pesca en el 2013.

En el voto 2013-10540, los magistrados señalaron que esta técnica “provoca serios daños al ambiente marino, debido a la cantidad de fauna marina que incidentalmente es capturada pero no es utilizada (...), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha comparado la pesca con redes de arrastre para capturar camarón, con la tala rasa de un bosque”.

La sentencia ordena que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no emita más licencias de pesca de arrastre hasta garantizar que la actividad sea sostenible.

Mal ambiente. Esta posición, más las alertas emitidas por sectores técnicos de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, hacen que los diputados den un paso atrás. Una falta de apoyo que se refleja en la desconvocatoria de la iniciativa en la agenda del Congreso.

En otras bancadas, la posición es mesurada. Por ejemplo, en la Unidad Social Cristiana (PUSC), el legislador puntarenense (costa pacífica) Gerardo Vargas, dijo que no le van a cerrar la puerta al proyecto hasta no escuchar a los mismos pescadores y a los científicos relacionados con el tema.

Una perspectiva similar planteó el jefe del Movimiento Libertario, Otto Guevara, quien sí aceptó que de entrada tienen “preocupaciones”, en vista del daño a las especies marinas que provoca este tipo de pesca.

“Tenemos problema con Pesca de arrastre por el daño que produce a la fauna marina, en cuanto a la pesca incidental de especies no comerciables”, dijo Guevara. Por su parte, el jefe de fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo, informó de que aún no tienen una posición de bancada frente al plan de ley y que el próximo lunes recibirán al presidente de Incopesca, Gustavo Meneses, para tomar partido. 

Un proyecto polémico.  Actualmente, Incopesca mantiene 17 licencias de pesca de camarón con redes de arrastre para barcos en la costa pacífica del país.

Dichos permisos expiran a más tardar en el 2018, de ahí el esfuerzo del Gobierno, como seguimiento a una iniciativa similar de la administración de Laura Chinchilla, por aprobar una ley que legalice la actividad.

Los defensores del proyecto alegan que la pesca de camarón con este tipo de artes da trabajo a unas 360 personas; sin embargo, quienes lo critican, tanto en el sector de las organizaciones ambientales como Marviva y Pretoma, así como las universidades de Costa Rica y Nacional, apuntan que los daños para la pesca artesanal afectarían a unas 17.000 personas que dependen de la pesca de otras especies.

Pese al fallo de la Sala Constitucional, recién iniciado el mandato del presidente Luis Guillermo Solís, el Poder Ejecutivo instauró una mecánica de “mesas de diálogo” para buscar una solución legal que permita reactivar esta actividad.

El diálogo estuvo coordinado por Vivienne Solís Rivera, hermana del presidente Solís, a través de la organización Coopesolidar y de Incopesca.

La redacción final del proyecto fue presentada tres semanas atrás al Congreso, en medio de críticas por la forma en que se llevó a cabo el proceso de concertación con los pescadores. 

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