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Comunicados

Gobierno busca reinstaurar pesca de arrastre, práctica que afecta a comunidades pesqueras artesanales

Costa Rica Diciembre 3, 2015
  • Poder Ejecutivo presentará proyecto de ley en sesiones extraordinarias
  • Quiere que Incopesca defina los métodos para la extracción de camarón luego de aprobada la Ley
  • En el 2013 la Sala Constitucional prohibió la técnica de arrastre por el grave daño ambiental y la afectación a la pesca artesanal

El Gobierno presentará un proyecto de ley, que busca reinstaurar la pesca de arrastre semi-industrial de camarón. La práctica fue prohibida por la Sala Constitucional en agosto del 2013, por medio de la sentencia 2013-10540. El fallo ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no emitir nuevas licencias de esa técnica, ni renovar las existentes.

Sin embargo el Poder Ejecutivo prepara una ley para poder volver a otorgar licencias, sin cumplir con lo exigido por la Sala. Así lo denunciaron las comunidades pesqueras artesanales de la costa Pacífica, diputados del Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional, y la Fundación MarViva, este jueves en la Asamblea Legislativa. Representantes de asociaciones de pescadores de Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur estuvieron presentes en el Congreso.

El proyecto de ley es resultado del encuentro llamado por las autoridades “Mesa de Diálogo para el Aprovechamiento Sostenible del Camarón”. Este proceso inició en octubre del 2014, con Incopesca y el Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales como encargados y la hermana del Presidente, Vivienne Solís Rivera, como facilitadora.

Pero el proceso recibió fuertes críticas y 16 organizaciones ambientalistas salieron de la mesa, al igual que las organizaciones de pescadores artesanales de Guanacaste, Puntarenas y la Zona Sur. Ambos sectores alegaron que no hubo reglas claras, ni transparencia para lograr decisiones en consenso. Incluso los artesanales señalaron que sufrieron “un engaño”.

A pesar de las dudas y los cuestionamientos, el Gobierno avanzó en su plan y anunció el envío del proyecto, para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (del 1 de diciembre al 30 de abril).

William Carrión, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Pesquera y Pescadores Artesanales (Sitraipa), aseguró que el Gobierno intentó forzar un acuerdo entre sectores, sin el diálogo prometido. Reiteró que nunca se escucharon  las demandas de los artesanales, sino que se buscó beneficiar a los camaroneros semi-industriales.

Fue una traición a la clase más desprotegida de Puntarenas, los pescadores artesanales. El proceso fue un enredo sin forma. Al final salió la trampa para permitir el arrastre”, afirmó Carrión.

El director General de la Fundación MarViva, Jorge Arturo Jiménez, insistió que el proceso no logró construir – como lo obliga la Sala Constitucional – un amplio y sólido respaldo de la comunidad científica nacional, para garantizar que nuevas técnicas para la pesca de camarón aseguren una actividad más sostenible y con un menor impacto ambiental.

“La Sala Cuarta fue clara en exigir un fundamento científico-técnico ampliamente apoyado por la comunidad científica nacional, que sustentara las nuevas técnicas a aplicar para la captura del camarón. Este proceso no cumplió con ese requisito, ni siquiera intentó cumplirlo”. dijo Jiménez.

 

Proyecto de ley sin viabilidad

El 19 de octubre anterior, la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) presentó un estudio socioeconómico del sector de pesca de arrastre semi-industrial de camarón en el Pacífico Central. Los investigadores concluyeron que esta actividad solo genera 590 empleos directos, de los cuales más del 80% son de mala calidad, pues no alcanzan el salario mínimo y más del 60% son de tiempo parcial. Por el contrario, el sector artesanal de pequeña escala en Costa Rica representa, cerca de 15 mil empleos.

Incluso, según este estudio, la cadena de comercialización del arrastre genera vulnerabilidad social, ya que la mayoría de peladoras de camarón trabajan sin seguro social y ganan 37 veces menos que los dueños de licencias. Actualmente hay 27 licencias operando y son sus dueños quienes concentran la mayor parte de las ganancias de la actividad.

La UNA recomendó a las autoridades generar nuevas estrategias de pesca, alternativas productivas y capacitación de la población costera, para lograr desarrollo sostenible y más empleo. Además se deben ampliar los estudios a temas ambientales, para conocer más sobre el impacto de esta actividad.

La Sala Constitucional advirtió que debe existir una distribución equitativa de los beneficios generados por un bien público como el camarón silvestre. “Es una cadena dominada por niveles de ingresos muy bajos, y una pobre alternativa para empleos dignos. El Gobierno en vez de haber hecho un análisis serio y buscar soluciones reales, busca restaurarla a la fuerza con un proyecto de ley sin pies ni cabeza”, concluyó Jiménez.

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